Barreras geográficas
El Vichada es el segundo departamento más extenso de Colombia, con aproximadamente 106.000 km2 y el sexto menos poblado con 115.778 habitantes. Esto coloca al Vichada como el cuarto menos densamente poblado del país. Por otra parte, el departamento presenta la mayor tasa de ruralidad con el 76% y una de las proporciones de población indígena más altas del país con el 58%.
El Vichada limita al oriente con los Ríos Meta y Orinoco que constituyen una frontera internacional de más de 550 km con Venezuela (Estados de Apure y Amazonas), distancia equivalente a la existente entre Nueva York y Montreal o Madrid y Lisboa.
Según las proyecciones de población del DANE para 2022
La condición fluvial de la frontera, su extensión y la presencia de pueblos indígenas binacionales que no reconocen la división territorial entre Colombia y Venezuela provocan que existan movimientos pendulares y migratorios no identificados en el territorio.
Estos aspectos ilustran por una parte la alta dispersión poblacional y por otra las dificultades para acceder a esta en el territorio.
Resalta que en la zona periurbana de Puerto Carreño están constituidos 23 asentamientos nuevos de población proveniente de Venezuela e indígena que han sido desplazadas por la violencia y que por conflictos en los resguardos ha sido expulsada de estos. Adicionalmente, existen asentamientos en las inspecciones de Puerto Murillo, Aceitico y La Venturosa. Varias de estas comunidades están asentadas sobre las escarpadas afloraciones rocosas que forman parte del Escudo Guyanés. En consecuencia, diversas comunidades se encuentran en entornos inaccesibles con medios móviles (ambulancia, vehículo, motos, etc.) y ante emergencias las personas afectadas deben ser trasladadas en camillas y a pie. Adicionalmente, estas afloraciones rocosas se encuentran próximas a ríos cuyo margen oscila entre el invierno y el verano, generando que el punto de acceso a agua de río se traslade cientos de metros desde y hacia donde están los asentamientos.
Preocupa que estos asentamientos experimentan cambios drásticos de temperatura por la alta conductividad térmica de las rocas sobre las que se encuentran. Por consiguiente, el calor absorbido por estas continúa emanando hasta después del atardecer cuando los vientos bajan de temperatura. Estas diferencias de temperatura provocan una humedad superior en los cambuches de estas comunidades a la que se registra en otras zonas. Adicionalmente, durante la temporada de lluvias se generan charcos de agua estancada donde proliferan vectores y se pudre la materia vegetal existente.
Transporte intermunicipal y a las zonas rurales
En otro orden de ideas, el Departamento cuenta con una malla vial escasamente desarrollada y con una alta prevalencia de vías terciarias de tierra. Esto limita el acceso al territorio, especialmente en temporadas de lluvias, y genera elevados costos de transporte.
Destaca que el transporte ida y vuelta desde Puerto Carreño hasta el Resguardo Caño Bachaco asciende a COP $250.000 (USD $66) en mototaxi y a COP $500.000 (USD $132) en vehículo particular, por 120 km de recorrido.
Según la Cruz Roja Colombiana, las distancias en el departamento son extremas y el costo de operar una unidad móvil es oneroso y prohibitivo para la institucionalidad. A esto se adiciona que durante las temporadas de lluvias (invierno) las vías se vuelven intransitables debido a que estas son de tierra y porque existen zonas de inundación. En consecuencia, el trayecto desde Puerto Carreño hasta Santa Rosalía puede pasar de las 12 horas a dos días, y desde Puerto Carreño a Cumaribo puede elevarse de 20 horas a tres días.
Cabe resaltar que en el departamento hay 8 ambulancias básicas que son enviadas a las inspecciones y resguardos ante emergencias en salud. Sin embargo, debido a la baja cobertura de señal telefónica y que el 97% de la población no tiene acceso a internet, las comunidades enfrentan retos para solicitar este servicio, por lo cual es usual que estas se atiendan con medicina tradicional o realicen colectas para costear el traslado en moto hasta las cabeceras municipales. Estos hechos provocan que los pacientes lleguen a los centros de salud de forma tardía y con un estado avanzado en sus afecciones, a la vez que se subregistran los eventos de interés en vigilancia epidemiológica.
Los indígenas van a la medicina occidental cuando la tradicional no funciona. Al hospital llegan ya en condiciones complicadas por eso, por las distancias y porque es muy costoso ir hasta allá.”
Resalta que en el departamento no hay ambulancias fluviales y que el trayecto en lancha desde Puerto Carreño hasta Santa Rosalía tarda 2 días con un motor de mediano cilindraje. Sin embargo, durante el invierno esta opción es inviable por los riesgos de seguridad que supone la crecida de las afluentes hídricas y la presencia de Grupos Armados No Estatales (GANE).
Teniendo en cuenta todas estas barreras ellas prefieren tener sus hijos en la comunidad y es un riesgo grandísimo por las condiciones que tienen allá”
Estas barreras provocan que las salidas extramurales y las brigadas de salud tarden aproximadamente 8 meses en llegar a una comunidad, y que los pacientes de Cumaribo viajen a Puerto Inírida (Guainía) para acceder al sistema de salud.
Barreras económicas
Contexto General
El Vichada está categorizado como un departamento en desarrollo incipiente debido a su pequeña participación en el PIB Nacional, la baja especialización de su economía, su desconexión con los mercados nacional e internacional y la alta dispersión y ruralidad de su población. Esto explica que los municipios del Vichada tengan un bajo recaudo fiscal, que dependan en un 80% de las transferencias del Gobierno Central y que sus recursos de libre inversión se utilicen en un 62% en gastos de funcionamiento.
En consecuencia, los municipios de Puerto Carreño y Santa Rosalía se encuentran en riesgo fiscal, mientras que La Primavera y Cumaribo presentan un deterioro fiscal, según el Índice de Desempeño Fiscal Municipal del DNP. Preocupa que en 2020 se incrementó la holgura fiscal se redujo del 20% al 0.3%, lo que indica que los gobiernos locales y departamental no cuentan con recursos para hacer frente a imprevistos y realizar inversiones.
Aunado a esto, el Vichada es el segundo departamento con menor desempeño en la gestión pública y el que presenta el peor desempeño en el sistema de salud.
Este contexto explica por qué tanto la Secretaría Departamental de Salud como el Hospital Departamental San Juan de Dios expresan que cuentan con escasez de recursos financieros, personal, equipos e insumos.
A esta situación se adiciona una creciente demanda de servicios médicos, especialmente en la atención de partos a refugiadas, migrantes, retornadas de Venezuela e indígenas no afiliadas al sistema de salud. Según el Hospital Departamental, para 2021 el 70% de los partos atendidos corresponden a madres procedentes de Venezuela. Así mismo, según la Secretaría de Asuntos Indígenas, en Puerto Carreño hay más de 8.000 personas provenientes de Venezuela, de las cuales al menos 3.000 son indígenas de pueblos transnacionales.
Las organizaciones entrevistadas destacan que el Hospital Departamental ofrece los servicios de urgencias a toda la población cuando estas logran acceder al sistema de salud, sin embargo, existe una serie de servicios no normados como urgencias para los cuales no se cuentan con recursos financieros. En consecuencia, las comunidades indígenas y las personas refugiadas, migrantes y retornadas de Venezuela expresan que la atención no es integral dado que no pueden acceder a exámenes de laboratorio y medicamentos.
Resalta que dada la baja densidad poblacional del Departamento, es inviable financieramente contar con servicios especializados. Por ello el Hospital Departamental es de segundo nivel y solo cuenta con servicios muy específicos de nivel 3 que fueron utilizados para hacer frente a la pandemia por la COVID-19. En consecuencia, toda atención de alta complejidad debe ser remitida a Villavicencio y Bogotá, donde se ofrecen el 9% y el 5% de las atenciones en salud provistas a residentes de Vichada.
El Hospital Departamental también explicó que cuando se atiende a población afiliada se puede facturar los costos a las EPS. Sin embargo, con la población no afiliada, refugiada, migrante y retornada se solicita apoyo a las organizaciones humanitarias para que acompañen el proceso de afiliación cuando haya lugar, o se facturan a la OIM. No obstante, esta organización también cuenta con recursos limitados, por lo que cuando no puede financiar el servicio, este se factura a la Secretaría de Salud y el proceso escala al nivel nacional, por lo cual no existe un desembolso inmediato ni oportuno en estos casos. Lo cual desborda la capacidad del Hospital para proveer los servicios.
En este contexto, todas las organizaciones entrevistadas reconocen el aporte de la Cooperación Internacional, destacándose los programas de Americares, Cruz Roja Colombiana y OIM por contar con convenios directos con el Hospital Departamental, la habilitación de este y la cesión de ciertos espacios en comodato.
El Hospital Departamental resalta que gracias a los recursos de los cooperantes se ha podido financiar brigadas extramurales a La Primavera y Santa Rosalía y fortalecer el Puesto de Salud de Casuarito, La Venturosa, Puerto Murillo y Aceitico. Así mismo, reconoce que la operación de los cooperantes descongestiona al hospital y que su apoyo en la provisión de equipos médicos e infraestructura en salud ha sido vital para la operación de este.
Sin embargo, los puestos de salud no están completamente equipados, carecen de personal y muchos de estos son inviables financieramente.
Tuvimos el caso el año pasado del puesto de salud de Aceitico. Este duró como 8 meses sin enfermera, entonces es muy complejo, nosotros hemos hablado con las enfermeras y nos dicen: - yo quiero hacer - pero si no hay [insumos] como. Si no es una urgencia vital, no envían una ambulancia.”
No obstante, las organizaciones humanitarias entrevistadas expresaron que sienten una delegación de responsabilidades en ellas que no pueden asumir, porque su actividad es complementaria con la de la institucionalidad y porque sus recursos financieros son limitados y volátiles en el tiempo. Preocupa que están finalizando los proyectos ejecutados por Acción Contra el Hambre, la Corporación Infancia y Desarrollo y la Cruz Roja Colombiana, y que existe incertidumbre sobre su continuidad y la forma de esta. Resalta que a la fecha de publicación de este informe, no se cuentan con fondos multipropósitos destinados a financiar las atenciones prenatales, diagnósticos, asistencia funeraria, remisiones y medicamentos.
Por otra parte, la Unidad Operacional de la Secretaría de Salud no cuenta con recursos suficientes para contratar vehículos y vuelos para enviar las muestras de agua con las que se hace el análisis de calidad de esta. Así mismo, la unidad no cuenta con suficiente personal, talento humano especializado, insumos ni un espacio adecuado para el almacenamiento de los expedientes de Salud Ambiental, Zoonosis e Inocuidad de Alimentos. Así mismo, la carencia de equipos digitales y capacitación al personal ha provocado que la gestión de la información se mantenga en médicos físicos (papel) lo cual dificulta su análisis y procesamiento.
Resalta que no hay vuelos directos entre Puerto Carreño y Cumaribo, ni recursos para contratar avionetas para cumplir con la recogida y análisis de las muestras de agua en menos de 24 horas, que son es el estándar por ley. En consecuencia, existen dificultades para consolidar los datos del IRCA y mantener un efectivo monitoreo de la calidad y riesgo de consumo de agua.
Barreras organizacionales y normativas
Rutas de atención
Las organizaciones entrevistadas expresan que existen deficiencias en la activación de las rutas de atención a Violencias Basadas en Género (VBG), especialmente en población refugiada, migrante e indígena, dado que existe una alta rotación de personal y los nuevos funcionarios desconocen tanto las rutas como sus particularidades.
En consecuencia, se estarían generando espacios de revictimización al remitir a una víctima entre diversas organizaciones. Lo cual también desincentiva la búsqueda de asistencia y apoyo en la institucionalidad.
Por otra parte, en los resguardos indígenas se manejan los casos de VBG de forma interna acorde a sus reglas de comportamiento internas. Esto provoca que en muchos casos las víctimas indígenas no accedan a las rutas de atención establecidas. Preocupa que en ocasiones se generan escenarios de revictimización como el matrimonio infantil o el trato público de los casos en las algunas comunidades.
Documentación
Las organizaciones indican que es habitual encontrar a personas sin documentos de identidad, especialmente en comunidades indígenas, debido a que la institucionalidad no llega a los territorios más alejados del centro urbano y porque es común que las personas pierdan sus pertenencias durante las inundaciones.
Por otra parte, la Unidad Operacional de la Secretaría de Salud no cuenta con recursos suficientes para contratar vehículos y vuelos para enviar las muestras de agua con las que se hace el análisis de calidad de esta. Así mismo, la unidad no cuenta con suficiente personal, talento humano especializado, insumos ni un espacio adecuado para el almacenamiento de los expedientes de Salud Ambiental, Zoonosis e Inocuidad de Alimentos. Así mismo, la carencia de equipos digitales y capacitación al personal ha provocado que la gestión de la información se mantenga en médicos físicos (papel) lo cual dificulta su análisis y procesamiento.
Resalta que no hay vuelos directos entre Puerto Carreño y Cumaribo, ni recursos para contratar avionetas para cumplir con la recogida y análisis de las muestras de agua en menos de 24 horas, que son es el estándar por ley. En consecuencia, existen dificultades para consolidar los datos del IRCA y mantener un efectivo monitoreo de la calidad y riesgo de consumo de agua.
Es tanto que en las comunidades encontramos a los niños sin el papel del nacido vivo…”
Según las organizaciones entrevistadas, algunas personas en condición de vulnerabilidad han manifestado que no han recibido documentación sobre su historia clínica en las IPS porque estas no cuentan con equipos ni papelería en el momento. Preocupa, que esta situación también habría ocurrido en algunos casos con los certificados de nacido vivo.
Adicionalmente, para registrar a un recién nacido la institucionalidad requiere la presencia de testigos con los que usualmente no cuentan las personas desplazadas, refugiadas, migrantes, retornadas e indígenas.
Gestión de la información
Las organizaciones entrevistadas también resaltan que existen deficiencias en la gestión de la historia clínica como consecuencia de la carencia de equipos, conectividad a internet y por la falta de documentación de la población. Por ello, realizar seguimiento a los pacientes y aplicar vacunas de refuerzo es particularmente complejo en el territorio.
Atención a población no afiliada
En otro orden de ideas, las EPS cumplen la normativa al organizar 2 salidas extramulares al año a las zonas rurales, pero las organizaciones entrevistadas indican que en estas solo se atiende población afiliada al sistema de salud, debido a la carencia de recursos para atender a la población no asegurada.
Las comunidades entrevistadas indican que estas realizan el proceso de afiliación al sistema, pero que durante las brigadas extramurales es habitual que las personas no aparezcan en las bases de datos, por lo cual se les restringe el acceso completo a los servicios de salud. Este hecho podría estar relacionado a las dificultades para el manejo de la información y la historia clínica antes expuestas.
El Hospital Departamental indica que ofrece la atención de urgencias a la población no asegurada. Sin embargo, resalta que existen atenciones complementarias que no están normadas como emergencias, por lo cual las personas solo pueden acceder a estos con el subsidio realizado por los cooperantes. En el caso de la población indígena binacional, las organizaciones realizan un acompañamiento para su afiliación, mientras que para las personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela se apoya la solicitud de la condición de refugiado(a) o el trámite del Estatuto Temporal de Protección (ETPV). Adicionalmente, se cuenta con fondos para costear el acceso a servicios, medicamentos y exámenes, sin embargo estos son insuficientes para la demanda existente.
Tiempos de espera
En el departamento existe una reducida cantidad de IPS y EPS, por eso las personas se enfrentan a largos tiempos de espera para acceder a servicios, lo cual desincentiva especialmente a las personas indígenas de acudir a las IPS.
Es tanto que en las comunidades encontramos a los niños sin el papel del nacido vivo…”
La Nueva EPS solo se enfoca en población afiliada contributiva y subsidiada y tienen un alto volumen de demanda, por ello los tiempos de espera son largos, se colapsan los servicios de laboratorio y en general hay una alta presión en el sistema.”
Remisiones
El Hospital Departamental solo cuenta con servicios de segundo nivel tales como: urgencias, consulta externa, medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría, anestesiología, línea de Trauma y Fisiatría, odontología, oftalmología, cirugía ambulatoria y hospitalización.
Por ende, para atenciones de alta complejidad y de medicina especializada se deben realizar remisiones fuera del departamento. Específicamente a Villavicencio y Bogotá, donde se ofrecen el 9% y el 5% de las atenciones en salud provistas a residentes de Vichada.
Según las organizaciones, estas remisiones se pueden demorar entre 4 y 6 meses en ser realizadas, tiempo durante el cual se deteriora la salud de los pacientes. Por otra parte, existen casos donde no se cubre el hospedaje, vestimenta y alimentación de las personas que acompañan a los pacientes, constituyéndose así escenarios de acción con daño.
Existe una deficiencia en las remisiones, ya que la EPS no devuelve a los pacientes al municipio y si lo hacen no los devuelven a sus resguardos. No hay apoyo suficiente de albergue, alimentación y vestimenta de los acompañantes de las personas remitidas a Bogotá. Por eso, muchos indígenas le temen al sistema de salud y desconfían de él.”
Vigilancia Epidemiológica
El sistema de vigilancia epidemiológica presenta serios retos debido a la carencia de personal capacitado, disponibilidad de vehículos, limitaciones de comunicación y barreras geográficas para acceder al territorio. Aunado a esto, existen limitaciones para la digitalización, representación, reporte y análisis de los datos.
Por otra parte, las comunidades indígenas optan por tratar los eventos de interés epidemiológico con su medicina tradicional dadas las dificultades para acceder al sistema de salud. En consecuencia, existe un conocido subregistro de los datos reportados.
Promotores de salud comunitaria
Los promotores de salud entrevistados indican que por normativa interna de la Nueva EPS esta no les facilita medicamentos básicos sin una autorización médica. En consecuencia, ante una emergencia las comunidades deben comprar los medicamentos o esperar a que los pacientes sean atendidos en los centros de salud o en las ambulancias.
Los promotores entrevistados también indican que no tienen suficiente claridad sobre los procedimientos y protocolos para acceder a servicios de salud y expresan dificultades para comunicarse en español dado que esta no es su lengua materna y que no existe suficiente material orientativo en lenguas indígenas.
Adicionalmente, estos promotores sugieren que se les dote con equipos y planes móviles para realizar la vigilancia sindrómica dado que es habitual que no cuenten con celulares apropiados ni minutos para realizar llamadas.
Articulación con líderes comunitarios
Diversas organizaciones entrevistadas han identificado una apropiación de las infraestructuras e insumos donados en algunas comunidades por parte de sus capitanes y líderes, quienes administran y limitan su acceso. Esto ocurre especialmente con tanques de agua y filtros.
Se podría presumir que las EPS temen que exista un mal uso de los insumos si estas facilitan medicamentos directamente a las comunidades a través de promotores de salud y líderes sociales.
Por estos motivos, es necesario analizar las experiencias exitosas en la articulación de la atención humanitaria y en salud con las comunidades.
Enfoque étnico
Las organizaciones entrevistadas indican que no existe un verdadero enfoque étnico y diferencial en el territorio debido a que los actores en salud sólo cuentan con traductores de las lenguas indígenas más habladas.
La institucionalidad cree que tener un traductor de 2 lenguas indígenas es enfoque étnico, cuando realmente se necesita entender la cultura, interpretar y ofrecer una atención diferencial acorde con esta. En algunos pueblos las mujeres no se dejan atender por hombres y eso no se tiene en cuenta”.
uando los indígenas van al hospital los atienden, allá tienen traductores pero esos no hablan todas las lenguas o no conocen bien la cultura, entonces no orientan tan bien a los paisanos. Allá solo tienen personas que hablan las lenguas más habladas, pero hay muchas más”
También indican que hay una desconexión y falta de diálogo entre la medicina occidental y la tradicional indígena. Por esto las comunidades indígenas sienten un menosprecio por sus saberes ancestrales y en ocasiones son reticentes a aceptar y adherirse a los métodos de la medicina occidental.
Así mismo, identifican que existe un desconocimiento en la institucionalidad y los prestadores de servicios de salud del enfoque étnico y cómo tratar con los pueblos indígenas del Vichada y aquellos transnacionales y procedentes de Venezuela.
Nueva EPS es la única IPS del Municipio de Puerto Carreño. En Cumaribo está Mayamás. Mayamás es buena, tiene un enfoque étnico pero este es de Nariño y no está tan adaptado a los pueblos del Vichada”.
Por otra parte, las comunidades indígenas expresan que hay dificultades para comunicar a la EPS las necesidades en salud que tienen dado que desconocen la terminología médica, hay barreras de conectividad y el español no es la lengua materna de muchas personas.
“Hay dos nuevos pueblos en el territorio: los Warekena y Carrupanes. No hay piezas comunicacionales en su lenguas, ni un enfoque étnico que los atienda”
Xenofobia, prejuicios y acceso al sistema de salud
Las organizaciones entrevistadas indican que reciben quejas por parte de refugiados y migrantes sobre el sistema de salud, dado que sienten discriminación y un trato descortés en el sistema de salud. Ante esto, la institucionalidad indica que las personas refugiadas y migrantes desconocen el sistema de salud colombiano, la forma de acceder a los servicios y el modo en el cual se priorizan las atenciones, por lo cual pueden existir malentendidos que sean interpretados como discriminación y xenofobia.
Sin embargo, tanto las organizaciones humanitarias como la institucionalidad reconocen la necesidad de sensibilizar al personal médico y sanitario para promover una atención humana y de calidad, así como un trato acorde con las particularidades culturales de las poblaciones que residen en el Vichada.
Por otra parte, se ha identificado que hay hombres que solicitan métodos anticonceptivos y que muestran disposición a utilizarlos. Sin embargo, existe un prejuicio sobre el rechazo de estos métodos en hombres, cuando en muchos casos lo que prima es el desconocimiento.
En el sistema de salud falta tacto para comunicarse con las personas indígenas y más sensibilidad étnica. Esto genera que las personas sientan discriminación, xenofobia y rechazo, por lo cual desconfían del sistema”
Rutas de atención
Tanto la población refugiada y migrante, como las comunidades indígenas desconocen las rutas de atención en el sistema de salud, así como los tiempos de espera de estos. En consecuencia, es habitual que algunas personas desistan de su intento de obtener atención médica y opten por atenderse con medicina tradicional y remedios caseros.
Ante esto, es necesario un esfuerzo adicional en la socialización de las rutas de atención en el personal médico, promotores de salud y en la población en general, priorizando las piezas comunicacionales en todos las lenguas indígenas.
Resalta que en el Vichada hay al menos 11 pueblos, en su mayoría transnacionales y que recientemente han llegado 2 pueblos indígenas netamente venezolanos. Adicionalmente, la tasa de analfabetismo y las dificultades para entender el español son significativas, por lo cual se deben priorizar las herramientas de comunicación audiovisual.
Vacunación
Las organizaciones y comunidades entrevistadas reconocen el esfuerzo de la institucionalidad en la vacunación del PAI y la COVID-19, así como de los caninos y felinos contra la rabia.
Las organizaciones y comunidades entrevistadas reconocen el esfuerzo de la institucionalidad en la vacunación del PAI y la COVID-19, así como de los caninos y felinos contra la rabia.
No obstante, algunas comunidades indígenas están rechazando todo tipo de vacunas debido a que en las brigadas extramurales se combinó la vacunación contra COVID-19 y las enfermedades del PAI. En consecuencia, algunas comunidades sospechan que se las podría vacunar contra la COVID-19 sin su consentimiento. Preocupa que persistan en el territorio creencias y mitos sobre la seguridad de las vacunas contra COVID-19.
Ante esto, es necesario un esfuerzo adicional en la socialización de las rutas de atención en el personal médico, promotores de salud y en la población en general, priorizando las piezas comunicacionales en todos las lenguas indígenas.
Resalta que en el Vichada hay al menos 11 pueblos, en su mayoría transnacionales y que recientemente han llegado 2 pueblos indígenas netamente venezolanos. Adicionalmente, la tasa de analfabetismo y las dificultades para entender el español son significativas, por lo cual se deben priorizar las herramientas de comunicación audiovisual.
Temor por la separación familiar
Algunas personas refugiadas migrantes, retornadas e indígenas prefieren evitar los servicios de salud por temor a las remisiones a Villavicencio y Bogotá. Esto porque pueden ser separadas de su comunidad y acompañantes, quienes no tienen asegurado albergue, alimentación, vestimenta y retorno a sus lugares de origen.
Medios de comunicación
En diversos municipios y territorios no hay cobertura telefónica, por lo cual los equipos de epidemiólogos y los puestos de salud quedan incomunicados cuando están en estos, por lo cual no pueden comunicar oportunamente las emergencias que identifican.
Por estos inconvenientes, anteriormente se utilizaban radios, pero estos eran robados por GANE. En consecuencia, no hay una alternativa de comunicación efectiva en la actualidad.
Preocupa que hay partos atendidos por parteras en las comunidades, y estos no son reportados, especialmente si están en zonas rurales dispersas sin la supervisión de un cabildo.
Tanto las organizaciones humanitarias como la institucionalidad reconocen que se ha estrechado la comunicación y colaboración entre estas en los últimos años. Sin embargo, las organizaciones humanitarias sienten que la institucionalidad está delegando la responsabilidad de atender a las personas en condición de vulnerabilidad en estas, cuando su acción es simplemente complementaria.
Por esta razón, las organizaciones del Equipo Local de Coordinación consideran oportuno una mayor sensibilización y capacitación de la institucionalidad sobre el alcance de la cooperación humanitaria y sus limitaciones en términos de responsabilidad.
Esta dificultad se encuentra mediada por la alta rotación de personal en el territorio y el quiebre de los procesos a causa de este fenómeno. Hecho que afecta la continuidad de las soluciones acordadas en la Mesa de Salud.
Las organizaciones y las instituciones entrevistadas reconocen que la articulación ha mejorado y que la confianza ha aumentado entre estas, mejorando así el flujo de datos e información, especialmente en la gestión de casos y emergencias. No obstante, se mantiene el reto de descentralizar los servicios y ofrecerlos en las inspecciones y resguardos.
Por otra parte, resalta que no existe una articulación entre la medicina occidental y la medicina tradicional, así como un desconocimiento del Equipo Humanitario Local de las Asociaciones Indígenas y Cabildos constituidos. En consecuencia, las necesidades de estas poblaciones sufren el riesgo de ser invisibilizadas. No obstante, destaca que la Cruz Roja Colombiana ha establecido contacto con las autoridades indígenas para ingresar a sus territorios y que en la actualidad reciben solicitudes de atención de forma directa.
Existen diversos determinantes externos que afectan la salud de la población, entre estos se encuentran:
- Carencia de sistema de alcantarillado
- Carencia de agua potable
- Territorios con alto riesgo de inundación
- Zonas de alto riesgo de desastres
- Pobreza extrema
- Hacinamiento
- Pobres esquemas nutricionales y malos hábitos alimenticios
- Alcohol y consumo de sustancias psicoactivas
- Servicios de Cirugía es deficiente
- Entrega de medicamentos deficiente
- Insuficiencia de albergues
La OIM tiene un convenio con el Hospital Departamental mediante el cual financian la atención a personas refugiadas, migrantes, retornadas y no afiliadas al sistema de salud. Lo cual permite que el Hospital cuente con recursos de forma oportuna para continuar con su operación. Por otra parte, la organización facilita servicios psicológicos y psiquiátricos en alianza con la Universidad de Antioquia.
La Cruz Roja Colombiana (CRC) opera con habilitación del Hospital Departamental en un puesto de salud en Casuarito y con una unidad móvil en el territorio. Destaca que la CRC atiende a toda la población independiente de su afiliación al sistema de salud y que esta mantiene contacto con las autoridades indígenas quienes aprueban y solicitan su ingreso a sus territorios. Sin embargo, a la fecha de publicación del informe existía incertidumbre sobre la continuidad del proyecto y su alcance.
La Pastoral Social cuenta con una psicóloga que presta primeros auxilios psicológicos, hacen acompañamiento psicosocial de emergencia, articulan con el ICBF para los casos de menores y también apoyan los casos de VBG. Resalta que se cuenta con un albergue para acoger a población en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, la organización ofrece acompañamiento jurídico para gestionar la afiliación al sistema de salud, la solicitud de la condición de refugiado(a) y el trámite del Estatuto Temporal de Protección (ETPV).
La CID ha realizado sensibilización sobre salud sexual y reproductiva y facilitó métodos de planificación de corta duración, así como atención en controles prenatales que incluyen la toma de exámenes de laboratorio y entrega de micronutrientes y ecografías. Así mismo, financió atenciones mediante un fondo de emergencia que cubre citas médicas, exámenes y medicamentos. Por otra parte, la organización contaba con un equipo de gestión de casos en salud mental con sesiones de psicología clínica enfocado en población refugiada y migrante, y no afiliada al sistema de salud.No obstante, a la fecha de publicación de este informe el proyecto había finalizado y existía incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.
Acción Contra el Hambre ofrece atención médico-nutricional a niños, niñas y adolescentes, así como sesiones de sensibilización sobre alimentación saludable y al lactante. Así mismo, proveen formación en salud sexual y reproductiva, y apoyo psicosocial. No obstante, a la fecha de publicación de este informe el proyecto había finalizado.
CISP ha apoyado la rehabilitación y fortalecimiento de los centros de salud en el Departamento, a la vez que ofrece acceso a servicios médicos por medio de telemedicina y atención primaria que incluye atención psicosocial a la población en general.
Americares facilita atención médica general, psicosocial y acceso a medicamentos, destacándose la atención a gestantes, a las cuales se le ofrecen controles prenatales, exámenes de laboratorio y ecografías, lo cual libera capacidad en el Hospital Departamental.
La OPS ha realizado capacitación al personal sanitario y fortalecimiento técnico de capacidades en temas de misión médica, vigilancia epidemiológica, control de enfermedades, acción en emergencias y atención humanitaria en crisis. Así mismo ha facilitado equipos e insumos médicos al Hospital Departamental.
En la Mesa de Salud existe un grupo de gestión de casos y un portafolio de servicios que facilita la remisión y articulación de las atenciones entre los cooperantes y la institucionalidad. Destaca que existe una estrecha articulación con el Albergue de la Pastoral Social y que la OIM financia exámenes y otras atenciones no catalogadas como servicios de urgencias.
Hay un proyecto para la renovación del Hospital Departamental, donde se tiene planeado ampliar la infraestructura de cuidados intensivos. El ACNUR apoyará este fortalecimiento de capacidades.
El programa de vacunación contra la COVID-19 y el PAI se han articulado en el territorio, permitiendo llegar a las zonas de más difícil acceso del departamento. Así mismo, se unificaron las etapas de vacunación contra la COVID-19, lo que permitió alcanzar el 70% de cobertura completa en Santa Rosalía y Puerto Carreño para el 6 de mayo de 2022. No obstante, el departamento presenta una cobertura total del 30,8% debido a la baja cobertura en municipios como Cumaribo y La Primavera. Resalta que OPS suministró 5.652 y 3.205 vacunas en Puerto Carreño y Cumaribo, mientras que OIM apoyó la inmunización de la población refugiada y migrante procedente de Venezuela.
Se realizó una socialización de las rutas de atención a personas refugiadas y migrantes con ACNUR, NRC y La Corporación Infancia y Desarrollo (CID) con la institucionalidad.
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