Guainía es uno de los departamentos con múltiple afectación de Colombia. Según las organizaciones e instituciones entrevistadas, es un departamento de múltiple afectación con condiciones de subdesarrollo estructurales y por las condiciones que ya tienen el territorio.
Entre las afectaciones se encuentran desastres naturales, conflicto armado, deficiencia de servicios públicos (no hay agua potable ni alcantarillado público), pobreza multidimensional e importantes barreras de acceso al territorio. De acuerdo a las cifras estimadas por las organizaciones de aproximadamente 11.000 personas venezolanas en el territorio, se estima que el 20% del total de la población del Guainía (48,114, Censo 2018) es venezolana, en su mayoría población indígena.
Guainía por ser un departamento fronterizo también ha experimentado la afluencia de movimientos migratorios mixtos, no obstante la dinámica de la minería ilegal y el alto porcentaje de pueblos indígenas binacionales genera particularidades que no se observan en otros territorios.
En primer lugar, diversos pueblos indígenas son binacionales o mantienen costumbres ancestrales como la exogamia (matrimonio con miembros de otros pueblos) y el nomadismo. Esto implica que la delimitación fronteriza no sea reconocida y que las personas transiten de forma fluida a ambos lados de la frontera, formando familias mixtas binacionales, migrando y retornando a sus territorios.
Por otra parte, la minería ilegal provoca que haya un importante número de población flotante en Inírida abasteciéndose de insumos, alimentos, medicamentos y requiriendo servicios médicos de forma recurrente, para posteriormente volver a las minas. Este hecho provoca una sobrecarga en los servicios de salud, dificultades en el conteo de la población con vocación de permanencia y un incremento en los precios en la ciudad.
Adicionalmente, dado que Guainía es un territorio amazónico con transporte predominantemente fluvial, la capacidad de Migración Colombia para realizar el control de ingresos y egresos al territorio nacional es limitado. Esta situación provoca un aparente subregistro en la población refugiada y migrante procedente de Venezuela, ya que Migración Colombia indica que existen 4.839, mientras que las organizaciones humanitarias estiman esta cifra en al menos 11.000 personas, de las cuales solo 307 registran como afiliadas al sistema de salud colombiano.
MUNICIPIO | POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE FEBRERO 2022 | CONTRIBUTIVO | SUBSIDIADO |
| Inírida | 6.704 | 54 | 375 |
| Barranco Minas | 19 | 3 | 0 |
| Cacahual | 58 | 0 | 1 |
| San Felipe | 4 | 0 | 0 |
Puerto Colombia | 3 | 0 | 0 |
Pana Pana | 0 | 0 | 2 |
La Guadalupe | 0 | 0 | 0 |
Total | 6.788 | 57 | 378 |
Fuente: Consulta CU Estadísticas Afiliados a Salud, con corte a mayo del 2022.
Para el Departamento de Guainía se cuentan con 664 personas refugiadas y migrantes con pre registro del PEP y afiliados al SGSSS por régimen contributivo 47 y alrededor 260 en subsidiado. Fuente: Migración Colombia, corte 28 de junio de 2022
Según Migración Colombia hasta 28 de febrero 2022 se cuentan con un preregistro del ETPV en el departamento de Guainía de 5,636 personas refugiadas y migrantes, de los cuales el 52% corresponden a mujeres y el 48% a hombres. El 30% de los registrados se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 29 años. Consulta en junio del 2022.
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Las personas entrevistadas expresaron que hay xenofobia en el acceso a servicios de salud, las rutas de atención y en el servicio a gestantes. Como no hay presupuesto/pagos del Estado para la población refugiada y migrante, en muchas ocasiones no se brinda la atención.
Un tema frecuentemente mencionado por las personas indígenas es que hay una mala prestación de servicios, especialmente para la población indígena colombiana, lo que puede generar discrimación de la población venezolana al interior de los pueblos indígenas.
“HAY UNA MALA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA, ANTES LA MEDICINA OCCIDENTAL SE ARTICULABA CON LA MEDICINA TRADICIONAL, AHORA NO. CON LA LLEGADA DE PERSONAS VENEZOLANAS INVADIERON LOS RESGUARDOS, NUESTRAS COMUNIDADES… VEMOS QUE HAY MÁS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA MIGRANTES INDÍGENAS VENEZOLANOS”. - FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS.
Ante una urgencia en salud todas la personas, independientemente si están regularizadas o no en Colombia, pueden acceder a un servicio de salud. Esto incluye a personas refugiadas y migrantes venezolanas irregulares y sin afiliación a salud.
"La población venezolana sin afiliación solo es atendida en urgencias, dependiendo del triage requiere de remisiones y hay obstáculos para acceder a esta atención. Algunas organizaciones ofrecen refugio o un salvoconducto humanitario para poder ser atendidas".
Desde el año 2018 a mayo del año 2022 se han contabilizado 5.462 personas no afiliadas a SGSSS pero igualmente atendidas por los servicios de salud en el departamento de Guainía, según datos del cubo 028 en SISPRO (consulta junio de 2022).
La población que más consulta en el servicio de urgencias es la proveniente de Venezuela, especialmente las mujeres gestantes y los adultos mayores.
“En Puerto Ayacucho (Venezuela) hay un centro de salud que no es de segundo ni tercer nivel, por esto no pueden atender un traumatismo craneoencefálico producido frecuentemente por los deslizamientos de tierra, entonces vienen para Inírida. Pasa también que vienen desde San Fernando con el médico venezolano por la cercanía y porque es más fácil una remisión a tercer nivel en Colombia.”
Desde la Secretaría de Salud hay una persona referente para el tema de personas refugiadas y migrantes y cuando llegan por urgencias sin documentación, posterior a su atención, se les apoya desde esta institución con el proceso de regularización y afiliación en salud para que así, puedan acceder a un servicio de salud integral y especializado (tercer nivel de atención).
“A los venezolanos nunca se les ha negado el servicio de urgencias pero tenemos problemas para remitir a un tercer o cuarto nivel, especialmente en niños con desnutrición. La complejidad que hemos tenido es que anteriormente Migración Colombia expedía un salvoconducto, ahora lo hace la Cancillería y ellos se demoran entre 20 y 30 días en dar una respuesta y hasta que no tenga ese salvoconducto no sale remitido a un tercer nivel…”
“Estas comunidades están en riesgo de inundación, preocupan los casos de Cerro Vita, Isla Asunción, La Esperanza y La Manga de Coleo…”
“Durante el verano las aguas bajan y las personas deben recorrer largos trayectos hasta el río para obtener agua que no es apta para el consumo humano... durante el invierno, el nivel sube y se acerca hasta los cambuches. En estas épocas la humedad y la proliferación de vectores es alarmante.”
De la población refugiada y migrante atendida por urgencias en el departamento de Guainía en 2018 de 428 personas luego en 2019 disminuye a 216, en 2020 sigue decreciendo a 17 personas, para el 2021 tiene un aumento exponencial a 1.085 y hasta mayo del 2022 unos 591. Según datos del cubo 029 en SISPRO, consulta junio del 2022.
Las organizaciones destacaron el convenio que tiene OIM con el hospital y la EPS Coosalud para atender a personas con enfermedades crónicas no transmisibles adultas mayores y apoyo en la entrega de algunos medicamentos. Gracias a este convenio, las personas refugiadas y migrantes venezolanas no afiliadas al sistema de salud pueden recibir atención para ENT.
“...hay muchos refugiados y migrantes que van a las comunidades que quedan por el río. Ellos no tienen documentos y no reciben suficiente atención. Sufren de cáncer, enfermedades crónicas e ITS…”
Las personas entrevistadas mencionaron entre los principales problemas de salud que padecen las mujeres gestantes en el Guainía los siguientes:
– Mortalidad materna y perinatal
– Morbilidad materna extrema
– Complicaciones de salud por no realizarse los controles prenatales
– Sífilis congénita
– Sífilis gestacional
– Desnutrición
– Otros problemas mencionados con menor frecuencia fueron: Hepatitis B y VIH.
Además, se estima que el 50% de estos casos son de población refugiada y migrante procedente de Venezuela.
“El año pasado se tuvo el reporte más alto por mortalidad perinatal, un número significativo es de migrantes y de personas de Vichada”
Para la población refugiada y migrante venezolana no regularizada y no afiliada, no les son cubiertos los controles, tampoco los laboratorios, ni las valoraciones por nutrición o psicología que se requieren para el control, y la institucionalidad indicó que los casos más complejos son personas, en su mayoría, venezolanas que no residen en Inírida, sino que tienen una urgencia y se trasladan hasta la capital del departamento (Inírida). Desde la cooperación, cuando tienen proyectos activos, las apoyan para cubrir algunos controles.
“Los niños no reciben controles de crecimiento y desarrollo y por eso nacen con desnutrición. Los partos son atendidos principalmente por parteras. Se necesita una estrategia de fortalecimiento de los cuidados desde una perspectiva transcultural porque si un médico tradicional afecta el seno de una gestante, esta deja de alimentar a los bebés. También hay una cultura donde primero come el hombre, luego la mujer y por último los niños y esto incrementa la desnutrición.”
Las personas entrevistadas refieren que hay xenofobia en el acceso a servicios de salud, las rutas de atención y en el servicio a gestantes. Como no hay presupuesto/pagos del Estado para la población refugiada y migrante, en muchas ocasiones no se brinda la atención.
Entre las organizaciones que se destacaron durante las entrevistas y que están prestando servicios de VBG en Guainía, estuvieron: OIM que cuenta con alrededor de 12 líderes comunitarios para tratar VBG a población refugiada y migrante y de acogida; CID que presta servicios psicosociales, educación, atención legal y tiene unas rutas establecidas; y la red de mujeres indígenas, que nace a partir de las VBG en sus comunidades, compuesta por 37 mujeres de distintos pueblos y que recibieron apoyo y orientación de NRC. Aún así, algunas personas entrevistadas indicaron que las organizaciones de cooperación por lo general no hacen un seguimiento a estos casos y que la cooperación e instituciones locales son insuficientes.
“LA ATENCIÓN DE LA COOPERACIÓN Y LAS AUTORIDADES ES UN PAÑO DE AGUA TIBIA. LAS ENFERMEDADES ESTÁN AUMENTANDO Y LAS NECESIDADES TAMBIÉN, PERO NO ATACAN LAS CAUSAS DE ESTAS. LA VIOLENCIA SEXUAL ESTÁ AUMENTANDO BASTANTE, EL EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE TAMBIÉN." - FUNCIONARIA PÚBLICA
Las personas indicaron que hay minas ilegales en las fronteras, especialmente en el lado venezolano próximo a los corregimientos de San Felipe y Puerto Colombia. El tema de la mina provee recursos y medios de vida a la población. En ella trabajan principalmente población venezolana y colombiana, por lo general llevan mercado y regresan. Hay presencia de grupos armados ilegales, niños sin acceso a educación y refieren también, que hay trabajo sexual y también hay enfermedades de transmisión sexual (ITS) producto de dicha actividad.
Las personas refieren que en los pueblos indígenas hay muchas embarazadas entre los 12 y 13 años, y esto está normalizado. En el tema de planificación familiar, los pueblos están siendo más receptivos pero no hay mucha implementación de estas estrategias en el territorio.
“…necesitamos que hagan más planificación…”
Un par de organizaciones entrevistadas comentaron que en los colegios y en los internados se han visto casos de niñas menores de 14 años embarazadas y sobrevivientes de violencia sexual.
Las personas entrevistadas mencionaron que las ITS afectan principalmente a las personas venezolanas porque tienen un limitado acceso a métodos anticonceptivos que son más fáciles de conseguir en Colombia, adicionalmente el inicio temprano en la actividad sexual temprana y la normalización de estas infecciones de transmisión sexual son factores a considerar.
En el caso de los pueblos indígenas, desde la perspectiva de las instituciones, consideran que por estar más aislados están más protegidos de las ITS, pero que si una sola persona se llega afectar, haría que muchas personas también y refieren que en estas comunidades hay poco acceso a métodos de planificación y el acceso a salud es limitado. Además, en estos pueblos es un tema muy cerrado, principalmente en los pueblos indígenas provenientes de Venezuela, en algunas comunidades se han empezado a usar, y algunas organizaciones indígenas promueven métodos tradicionales y no occidentales.
“Los pueblos indígenas conviven con enfermedades occidentales para las cuales no hay tratamiento en la medicina tradicional. Esto sucede especialmente en las ITS y no saben cómo reaccionar a estas. Se necesita una atención más directa y que no se queden en charlas a las comunidades. Estas se cansan porque solo vienen a capacitar, pero no llegan con insumos o atención directa. Sienten que las personas vienen a legalizar viáticos o recursos y no dejan nada en las comunidades.”
Las organizaciones mencionaron frecuentemente el tema de la minería ilegal y estos espacios como un foco de enfermedades y trabajo sexual. Hay brotes de malaria, paludismo y otras enfermedades como sífilis, gonorrea y VIH. Comentaron que se desconoce la magnitud de las afectaciones en salud en las minas porque no hay pruebas rápidas, no hay estudios que indiquen, por ejemplo, cuántos casos de ITS están directamente relacionados con las dinámicas en las minas. Es un problema que afecta principalmente a población venezolana y colombianos indígenas, aunque también hay personas de Brasil.
Hay barreras para el acceso a planificación familiar, no hay acceso a métodos anticonceptivos de larga duración por las dificultades para acceder el territorio, pero también por tabúes étnicos y religiosos. En las comunidades están siendo receptivos con la planificación familiar, pero no se está implementando mucho…“necesitamos que hagan más planificación familiar”.
“Se visto una tendencia al aumento de población indígena evangélica (protestantes) lo que también hace que haya más barreras para la planificación familiar.”
Entre los principales problemas de salud que identifican las organizaciones estuvieron: problemas de estrés, depresión, problemas relacionados con el consumo de drogas (especialmente en los colegios), esquizofrenia y suicidios. Son problemas que afectan principalmente a la población de las zonas rurales. Las personas solo acceden a primeros auxilios psicológicos y no hay un seguimiento constante de estos casos.
Hay un tema frecuentemente mencionado y es el riesgo que hay dentro de los internados, en estos espacios refieren que hay muchos casos de violencias basadas en género, algunas organizaciones mencionaron reclutamientos de menores por parte de grupos armados ilegales, lo que afecta directamente la salud mental de niñas, niños y adolescentes y sus familiares.
“Este problema de la adicción y el consumo de sustancias tiene mucho que ver con la depresión. Los padres y madres dejan a sus hijos en los internados y ahí hay depresión, hurtos, bullying, tienen necesidades sin atender y comienzan a consumir. Los internados quedan incluso a siete días de viaje de donde están las familias y esto es separación familiar, los psicólogos no saben qué hacer con el consumo.”
“La presencia de grupos armados ilegales en Venezuela genera afectación en la salud mental, pero en algunos lugares estos grupos funcionan como factores protectores que llevan servicios porque allá no llega ni Dios, entonces las comunidades normalizan su presencia y afectaciones. Por esto la situación está invisibilizada.”
Otro factor es la oferta laboral de Inírida, capital del departamento, las personas entrevistadas indican que no hay oportunidades entonces las personas van a las minas a trabajar, hay separación familiar, lo que genera ansiedad en las familias. Además, esto afecta emocionalmente a niñas y niños, principalmente refugiados y migrantes venezolanos, porque los dejan al cuidado de amigos
“En Inírida no hay oferta laboral, las personas se van a las minas porque no tienen más opciones. Muchos van a comerciar y vender productos y generan escasez y desabastecimiento en el municipio. Esto sube los precios de los alimentos y provoca que más personas se vayan. A su vez esto genera ansiedad en las personas y trae separación familiar, lo que afecta a los niños que quedan al cuidado de familiares. En el caso de los venezolanos quedan al cuidado de amigos y esto les afecta emocionalmente. A veces las familias se llevan a los niños y estos quedan sin acceso a educación.”
Las organizaciones resaltaron el convenio que tiene OIM con el Hospital de Psiquiatría de Medellín y de psicología por telemedicina para población refugiada y migrante, y población colombiana, además de las acciones de fortalecimiento de capacidades en temas de salud mental que tiene la Secretaría de Salud de Inírida.
Entre los principales problemas de salud identificados en el territorio que también afectan a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela estuvieron:
- Mortalidad y morbilidad materna
- Mortalidad perinatal, neonatal e infantil
- Desnutrición y malnutrición en niños y niñas
- Traumatismos, especialmente en población proveniente de las minas, en su mayoría venezolana
- Necesidades en salud mental (tendencia suicida, depresión y ansiedad)
- Problemas de salud mental relacionado con el consumo de sustancia psicoactivas
- Enfermedades transmitidas por vectores (malaria, malaria resistente al tratamiento, dengue, paludismo y leptospirosis)
- Infecciones de Transmisión Sexual (VIH, Sífilis, Gonorrea, etc.)
- Tuberculosis
- Diabetes
- Hipertensión
- Cáncer
- Necesidades en salud visual
- Necesidades en salud oral
“En población migrante e indígena es muy común la diabetes, infecciones urinarias, hipertensión arterial y cardiopatías.”
“Nos preocupa que la tuberculosis está aumentando por los casos de personas que vienen de Venezuela, ya sean paisanos (indígenas) retornados o venezolanos.”
